INFORME D.D.H.H. 2011

LO MAS RELEVANTE EN CUANTO A LOS DERECHOS INDIGENAS DURANTE EL AÑO 2011

En el contexto de los derechos de los pueblos indígenas durante el año 2011, se pueden mencionar algunos avances, insuficientes a la hora de evaluar las condiciones en que estos pueblos acceden a la justicia. En este sentido, es el Pueblo Mapuche, quien a través de sus movilizaciones, lograron presionar durante este año, algunas reformas a la Ley Antiterrorista y acabaron con la doble justicia (Civil y Militar), disposición que actuaba desde los tiempos de la Dictadura. Así mismo se reformularon las querellas por Ley Antiterrorista contra comuneros mapuche hacia delitos de la ley común.

Sin embargo, el gobierno con acuerdo parlamentario y amparándose en la “separación total y absoluta de poderes”, dejó al Ministerio Público libre de manos para seguir adelante con juicios pendientes desde el 2009 bajo el marco investigativo que proporciona la Ley Antiterrorista, secreto de investigación, testigos protegidos, facultades extraordinarias a fiscales, violación de la intimidad de las personas, acoso y hostigamiento, prisiones preventivas excesivas y penas abultadas, condicionando futuros fallos contra comuneros mapuche.

Pero las reformas a la Ley Antiterrorista también trajeron consigo el endurecimiento de la norma y mayores ventajas para el Ministerio Público, introduciendo por ejemplo, la figura del “agente encubierto”, funcionario de inteligencia infiltrado en organizaciones de la sociedad civil, que se suma a la del testigo protegido, incentivado social o económicamente y en algunos casos de por vida. En cuanto a las reformas al doble juzgamiento, que deja la justicia civil en manos de tribunales ordinarios, aprovecha de establecer que los tribunales militares serán los únicos que podrán conocer de delitos de efectivos militarizados en contra de personas, de modo que los uniformados administrarán justicia sobre sus propios actos.

Los avances y retrocesos durante este año en materia de derechos de los pueblos indígenas frente a la justicia y el Estado, creemos que profundiza la desconfianza acumulada del Pueblo Mapuche hacia las autoridades chilenas, que no han estado a la altura de las demandas debatidas, sin el reconocimiento y amplitud que merecen, eligiendo mantener el camino de la criminalización, la represión y judialización de los derechos exigidos.

Pero es necesario también resaltar durante este año, la vulneración de distintos derechos a los pueblos indígenas, así como los atropellos colaterales ocurridos a comunidades, grupos de apoyo, agrupaciones y defensores de D.D.H.H.

1.- Los medios de Comunicación han colaborado en la criminalización de las demandas, muchas veces concertados con el Ministerio Público, como en los juicios periodísticos realizados en el Caso Bombas y en los casos en contra de mapuche, donde se sindicó como culpables de terrorismo anticipadamente a personas, que hoy están libres de toda sospecha.

2.- La lista de juicios en contra de mapuche que han concluido en sentencias absolutorias, o condenas menores, suman y siguen. Durante este año muchas causas emblemáticas demuestran que Ministerio Público busca retener a activistas mapuche en largas prisiones preventivas, y que descuida la calidad probatoria de sus acusaciones. Es así como en juicio realizado en Cañete contra 18 comuneros, 15 de ellos fueron encontrados inocentes de todo cargo, y recientemente, en Tribunales de Temuco, Mauricio Huaiquilao y Luis Tralcal, ambos acusados públicamente de entrenamientos terroristas en las FARC, fueron absueltos de todo cargo.

3.- Durante este año las agrupaciones de D.D.H.H. hemos tenido innumerables denuncias de atropellos a los derechos de imputados, comunidades, familiares y niños, grupos de apoyo universitarios, agrupaciones y defensores de Derechos Humanos. La presencia de efectivos policiales en zona mapuche, ha traído consigo enfrentamientos que han terminado con represión desproporcionada y abuso de poder, donde se sistemáticamente se denuncian allanamientos con destrozo de enseres, maltrato físico y verbal, disparos de perdigones a quema ropa y amedrentamiento de todo tipo. Imputados han referido prácticas de interrogatorios degradantes, tortura física y sicológica como es el caso del llamado “Cerebrito”, técnica de apremio físico por estrangulamiento, referido por afectados reiteradamente. Los grupos universitarios de apoyo a la causa mapuche, denuncian el acoso permanente y seguimiento de que son objeto, el maltrato y vejámenes sufridos en detenciones, varios de los cuales han terminado involucrados en causas en pleno desarrollo.

Finalmente una mención especial al hostigamiento que sufren los abogados que patrocinan causas mapuche, además de la inferioridad de condiciones en que se enfrentan al Ministerio Público en tribunales. Varias referencias a hostigamientos han sido denunciadas por profesionales vinculados a causas mapuche, como el caso del abogado Pablo Ortega, quién recientemente ha ganado un juicio contra el Estado, por haber sido intervenido su celular por orden de la fiscalía, o el caso de la abogada Karina Riquelme, joven mujer  defensora de los D.D.H.H. indígenas condenada recientemente, inhabilitada temporalmente en próximos juicios contra mapuche, en represalia a sus actuaciones profesionales en contra de Organismos de Seguridad del Estado y el Ministerio Público.

CONCLUSIONES:

El pleno respeto de los derechos de los pueblos indígenas es una deuda del presente y una aspiración a futuro. En la actualidad no ha existido la voluntad política suficiente ni un marco Constitucional que incorpore sus demandas de manera integral, en la búsqueda del reconocimiento pleno de su diversidad política, cultural y social. Apremia crear las condiciones que permitan incorporar la diversidad como parte activa y necesaria, que enriquece y beneficia al conjunto.

Fernando Lira Haquin

Agrupación LIBERAR