Esto parece la constante en muchos años de represión contra el Pueblo Mapuche. Después de dos años de investigación la Fiscalía de Temuco pierde otro juicio contra dos comuneros mapuche, Luis Tralcal y Mauricio Huaiquilao, acusados por delitos catalogados de terroristas, por los cuales solicitaba penas de 37 y 50 años respectivamente. Luego de un juicio donde se presentaron casi 100 testigos y más de 50 peritos, la sentencia basa su veredicto en el bajo standard de pruebas presentadas y su nula capacidad probatoria. Es notable en este juicio la utilización de manuscritos poéticos sustraídos en un allanamiento a casa de Mauricio Huaiquilao, que la fiscalía en el juicio califica de subversivos, y que hoy circulan en una publicación poética titulada Bitácora Guerrillera, aludiendo a las aprehensiones del fiscal acusador.
Los imputados estuvieron entre 18 y 26 meses en prisión preventiva, y en diciembre pasado debieron sumarse a la huelga de hambre que protagonizaron más de 40 mapuche, procesados en distintos juicios que demandaban el fin de la ley antiterrorista, el término de la doble justicia en cortes civiles y militares y el fin de los montajes inculpatorios, que buscan incriminar a comuneros tras sus demandas territoriales, políticas, sociales y culturales. Esta nueva sentencia deja en evidencia la estrategia del Estado Chileno, que a través del Poder Judicial, priva de libertad por años a comuneros activistas acusándoles de cargos que no se sostienen en el tiempo, recuperando la libertad sin habérseles comprobado culpabilidad.
La lista de juicios en contra de mapuche que han concluido en sentencias absolutorias, o condenas menores, suman y siguen, como hemos denunciado en diversas oportunidades desde este editorial, dando a conocer casos insólitos como el de Jorge Huenchullan, werken de la Comunidad de Temucuicui Autónoma de la comuna Ercilla, quien ha sido enjuiciado en 15 oportunidades por un mismo fiscal y sobreseído en todas ellas. En los próximos meses se realizarán varios juicios a mapuche donde los defensores ya conocen del bajo nivel probatorio de las acusaciones, avaladas en la mayoría de los casos por delincuentes confesos o testigos protegidos pagados por la fiscalía. Esta realidad que ha sido una constante en el tiempo, constituye una prueba irrefutable de que en estos casos, la fiscalía no se preocupa de perseguir el delito, sino que responde a estrategias de Estado para contener las legítimas demandas del movimiento mapuche, transformándose en un Poder que participa de la persecución política orquestada desde el Ministerio del Interior y planificada por el Estado Chileno, un feroz atentado a los derechos humanos de los Pueblos Indígenas.
La presión de organismos internacionales, las denuncias interpuestas por el relator especial de la ONU sobre los pueblos indígenas James Anaya, la cobertura que hace el periodismo internacional que previene acerca del incumplimiento sistemático del gobierno chileno de tratados en materia de D.D.H.H., no han sido suficientes para producir en nuestro país cambios significativos en la relación del Estado Chileno con sus pueblos indígenas, así como no han llegado soluciones integrales que coloquen el valor central en la protección de estos pueblos respetando su diversidad cultural y territorial.
El movimiento amplio social que ha despertado en los últimos meses, junto a las movilizaciones estudiantiles, debe permanecer alerta ante estos hechos, que afectan los derechos civiles de nuestros Pueblos Originarios, dado que la estrategia de criminalizar demandas puede extenderse a otros ámbitos de la protesta organizada. Sin ir más lejos, leyes como las anunciadas por el Gobierno que endurecen la represión hacia jóvenes que se quieran manifestar o participar en tomas de establecimientos educacionales, van en la dirección de criminalizar sus demandas. Por otro lado el caso “bombas” protagonizado por el fiscal Peña, quién despliega un montaje en contra de un grupo de jóvenes criminalizándoles y sometiéndoles a una prisión preventiva inmerecida, hoy se destapa como un nuevo caso de la fiscalía nacional actuando concertadamente con el Ministerio del Interior.
Octubre 2011.-
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