Por estos días, la credibilidad de la Justicia en Chile y en particular del Ministerio Público se ha puesto en duda, debido a las evidentes irregularidades develadas en torno al Caso Bombas y a los Casos Mapuches, donde se revelan burdos montajes llevados a cabo por policías y fiscales ansiosos por generar cargos, inculpar y condenar a personas sindicadas como terroristas, presionados por el Ministerio del Interior.
Se trata de casos muy bien cubiertos por los medios de difusión, que concertados con los organismos de seguridad, pretenden instalar en la opinión pública la idea que la Ley Antiterrorista es más necesaria que nunca, para contener el terrorismo incipiente protagonizado por grupos que reclaman sus derechos civiles, dejando en el ambiente una estela de inseguridad ciudadana, criminalizando las demandas sociales como último recurso de un sistema insano y decadente que recurre a la represión y a la violencia para mantener su vigencia.
Ambos casos tienen en común que se les enmarca dentro de la Ley Antiterrorista, que involucran a grupos de jóvenes en rebeldía, tras la defensa de sus derechos civiles y políticos, que se les estigmatiza por su forma de vida, a quienes se les aplican medidas ejemplificadoras que buscan desalentar en primer lugar a sus coetáneos y a todo aquel que cuestione el modelo o se rebele frente al orden establecido, una estrategia de contención social que surge desde los círculos más internos del poder político y económico gobernante.
En el Caso Bombas hemos visto cómo se ha ido desmoronando la aberración jurídica cometida contra 14 jóvenes, a quienes se sindica haber colocado una seguidilla de bombas hechizas de fuego y ruido amedrentando a la población, sin pruebas serias que justifiquen la suspensión de sus derechos ni los meses de prisión preventiva en cárceles de alta seguridad que han tenido que soportar. Ni hablar de los vejámenes y del trato inhumano al que fueron sometidos. Es que más allá de los errores garrafales de la investigación y de la llamada “Operación Salamandra” del Fiscal Peña, operativo mediático – policial, este caso se viene abajo debido a que no existen grandes intereses económicos involucrados, excepto el bolsillo de algunas compañías de seguro.
Distinto ocurre con los casos en territorio mapuche, donde si existe un elevado interés de avanzar económicamente en la zona, con inversiones en la minería, la generación energética y forestal. Allí, la justicia actúa en silencio y en la impunidad total dando carta blanca a fiscales y policías, quienes constituyen una verdadera asociación lícita para amedrentar, aterrorizar y en algunos casos matar a personas inocentes, utilizando metodologías aprendidas e importadas de organismos de seguridad extranjeros, expertos en contención y disolución de desórdenes sociales, que no excluyen de su metodología de acción la tortura, el uso de delatores pagados y el allanamiento sistemático con destrucción de viviendas y enseres.
Respecto al Caso Bombas, el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) sancionó con 80 UTM a la red televisiva Megavisión S.A. por emitir notas con evidente “falta de equilibrio”, donde la ausencia de la versión de los imputados era clara”, exceptuando sin más la presunción de inocencia que los favorece en la etapa procesal en que se encuentran.
Esta amonestación simbólica, es en realidad un llamado de atención a los medios de comunicación para que disimulen un poco su compromiso a la hora de informar, emitiendo opiniones que arriesguen la credibilidad del gremio, bien venido a menos en el último tiempo. Esta sanción de ninguna manera refleja la gravedad de esta intervención mediática, donde se ha mentido descaradamente, se ha difamado a mansalva vulnerando el principio de objetividad, manipulando la información con el objetivo de criminalizar a personas indefensas, negándoles el derecho a un debido proceso.
Esta misma sanción debiera haber tenido el canal 13 de Televisión, al emitir repetidamente su programa Contacto, titulado “Guerrilla en Arauco” en junio de 2010, donde se hizo un juicio público a los imputados mapuche de diversos casos que se ventilarán durante el presente año, uno de los cuales acaba de concluir con la sentencia de cuatro comuneros a más de veinticinco años y otros13 que fueron encontrado libres de todo cargo, después de mantenerlos durante más de 18 meses en prisión preventiva. Este programa se hace parte de los dichos del fiscal y de los policías que entrevista, asegurando que un grupo de comuneros mapuche habrían permanecido en la selva colombiana en entrenamiento guerrillero con las FARC. Estas acusaciones fueron desestimadas por los directores de Carabineros y de la Policía de Investigaciones ante la Comisión de D.D.H.H. de la Cámara de Diputados, descartando cualquier relación entre grupos Mapuche con las FARC y ETA, señalando “que no poseen antecedentes ciertos para relacionar el conflicto de tierras en el sur con estas organizaciones internacionales”. No podemos entonces sino pensar, que en este caso se trató también de un montaje mediático, donde no se dió oportunidad a los imputados o a sus abogados a emitir opinión, indisponiendo premeditadamente al televidente en contra de personas que aún no han sido llevadas a juicio.
Quedará la duda en el aire, de quién realizó entonces los bombazos en el Caso Bombas, si las acusaciones en contra de los 14 inculpados se caen a pedazos. ¿Cómo es que el fiscal designado para este caso renuncia y aparece al día siguiente en la nómina del Ministerio del Interior? ¿Quién orquesta programas de televisión que anticipan juicios en contra de personas vulnerando sus derechos constitucionales, dando tribuna a fiscales y policías unilateralmente? ¿Cuántos de los “atentados” atribuídos a grupos mapuche son verdaderos y cuántos han sido perpetrados por milicias pagadas por latifundistas u otros, para crear un clima de conflictividad en la zona o para elevar artificialmente el valor de los terrenos en conflicto, para posteriormente pactar con altos sobreprecios su venta al Gobierno, a favor de los mapuche?
14 de Mayo 2011
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