Para avalar sus dichos dice así:” la administración del Presidente Sebastián Piñera promovió reformas tanto a la Ley Antiterrorista como a la Justicia Militar y se reformularon las querellas que presentó la administración anterior por Ley Antiterrorista contra los comuneros mapuches hacia delito de la ley común.”
Esta afirmación ofende la inteligencia ciudadana, porque los hechos muestran algo muy distinto, dado que a la fecha, y luego de este acuerdo, nos encontramos con 4 mapuches condenados a mas de 25 años de prisión, luego de un juicio de 3 meses y de dos años de investigación bajo la Ley Antiterrorista. Si el compromiso del Gobierno frente a los mapuches hubiera sido coherente y bien intencionado, debería haber apelado a todas las instancias políticas y constitucionales para suspender ese juicio y anular una investigación bajo dicha Ley para asegurar un debido proceso a los imputados, del mismo modo que presionó para reformular las querellas hacia delitos de la ley común. Sin embargo, se amparó en la “separación total y absoluta de poderes” dejando al Ministerio Público libre de manos para acusar utilizando todas las ventajas que otorga la Ley Antiterrorista, secreto de investigación, testigos protegidos, facultades extraordinarias a fiscales, violación de la intimidad de las personas, acoso y hostigamiento, prisiones preventivas excesivas, etc. Según estos dichos se llega al absurdo de afirmar que la justicia puede investigar hechos como si fueran terroristas pero calificados como delitos comunes.
Seguidamente se afirma que se han introducido reformas a la Ley Antiterrorista, aunque claramente el espíritu de estas reformas ha sido endurecer su efecto, introduciendo por ejemplo, la figura del “agente encubierto”, funcionario de inteligencia infiltrado en organizaciones de la sociedad civil, que se suma a la del testigo protegido, que permanece igualmente en la norma, incentivado social o económicamente y en algunos casos de por vida.
Sigue diciendo: “que se hizo reformas a la Justicia Militar, eliminando los dobles juzgamiento, de modo que los civiles fuesen juzgados sólo por tribunales ordinarios y no por la justicia militar”. Aunque elude intencionalmente mencionar que de la misma manera, los tribunales militares serán los únicos que podrán conocer de delitos de efectivos militarizados en contra de personas, de modo que los uniformados administrarán justicia sobre sus propios actos.
En este mismo contexto, es oportuno mencionar que en el Caso de Choque en la ciudad de Cañete, se enjuició doblemente y por los mismos hechos a 17 comuneros, donde la Justicia Militar absolvió a los comuneros de todos los cargos mientras la Justicia Ordinaria les condenó. En la actualidad la Fiscalía Militar insiste en apelar el fallo adverso, mientras la Corte de Apelaciones aún no ratifica la Sentencia del Tribunal Militar de Valdivia que absolvió a los comuneros, pudiendo inclusive rechazarla y retrotraerla.
Para los 4 mapuche condenados a 25 años, en un juicio lleno de irregularidades, el acuerdo al que se refiere el Subsecretario Claudio Alvarado, no debe ser más que un nuevo episodio mañoso que profundiza la desconfianza acumulada del Pueblo Mapuche hacia las autoridades chilenas. Probablemente, la huelga de hambre se reinstala debido a que consideran que el acuerdo suscrito por el Gobierno fue un engaño y que hace peligrar el desenlace de los próximos 6 juicios que se realizarán durante este año, donde se juegan la suerte más de 35 comuneros imputados por distintos hechos investigados bajo el marco de la Ley Antiterrorista, aunque sus penas se hayan recalificado como delitos comunes.
Visto así, la actual huelga de hambre reinstalada por los comuneros, no es una elección, sino el camino sin salida al que les lleva la indiferencia de un Estado sin voluntad política, que con todo cálculo busca mantener la estrategia de contención de las demandas mapuche, y que sin intención de generar las condiciones para que dichas demandas sean debatidas con el reconocimiento y respeto que merecen, elige el camino de la criminalización, la represión y judialización del conflicto. Vía rápida que despeja el camino a la inversión económica en la zona mapuche trasladando el conflicto de fondo a una nueva administración.
Prueba del doble estándar de esta administración, es que en los próximos días la Corte Suprema deberá decidir respecto de la nulidad de juicio solicitada por los abogados de los 4 comuneros en huelga de hambre, mientras las presiones del Ministerio Público y los poderes económicos y políticos, pretenden llevar la discusión de este Recurso de Nulidad a la Corte de Apelaciones de Concepción, la cual avaló la aplicación de la Ley Antiterrorista en el Juicio de Cañete.
Fernando Lira H.
Presidente Agrupación Liberar
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