En un reportaje aparecido en el diario La Segunda del día 30 de junio, el Fiscal Jefe de la IX Región Francisco Ljubetic, asegura que comuneros mapuche han ido a prepararse militarmente en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y asegura además, que las mencionadas FARC operan en Chile a través de ex subversivos, y otros operadores relacionados directamente con partidos políticos.
Ya en el programa de Contacto titulado “Guerrilla en Arauco”, transmitido el pasado 22 de junio y retransmitido al día siguiente por el canal 13 de televisión por señal abierta, el Fiscal Regional, había anticipado información al respecto, aunque no aportó una sola prueba, que vinculara viajes de mapuche a ese país con el fin de volver con un post grado en estrategias paramilitares. Lo que si ofreció fueron múltiples presunciones, y amenazó con contar a futuro con testimonios y reconocimientos que está recogiendo la policía y la Fiscalía colombiana, de ex miembros desmovilizados de las FARC, que confirmarían sus dichos. Estos ex miembros de las FARC, equivalen en nuestro país a los testigos protegidos que utiliza la Fiscalía Regional para configurar cargos en contra de mapuche. En caso de ser así, nos encontraríamos con que testigos protegidos colombianos podrían inculpar a comuneros mapuche, mediante el oportuno “acuerdo” entre las fiscalías de ambos países.
Agrega, el señor Ljubetic, que en un manual que tiene en su poder y que circula al interior de los miembros de las FARC (y también por internet) se describen acciones similares a las de los comuneros, como cortes de camino y ataques incendiarios en rutas principales perpetrados por personas encapuchadas. Esta aseveración se contradice con la imagen que cualquiera pudiera tener del modo de operar de las FARC, donde se utiliza el secuestro, el rescate, el enfrentamiento regular con el ejército, y el atentado contra personas. Finaliza diciendo que es un medio de prueba, el hecho de que los sospechosos que visitan Colombia con fines subversivos no registran en Chile actividades o trabajos que les permitan financiarse viajes ni la estadía en el extranjero, dejando entrever que estarían financiados por el terrorismo internacional.
Mientras tanto, alguien desprevenido que mira el titular en rojo de la portada del periódico, y en su interior lee este artículo sesgado dicho por una autoridad del Ministerio Público, comienza a experimentar un frío helado que le recorre todo el cuerpo. Seguidamente, se comienza a configurar la certidumbre, de que en nuestro país efectivamente se están organizando y especializando grupos subversivos, con sede en la Araucanía, y que atentan contra la seguridad interior del Estado. Hasta aquí la cosa, estaría mas o menos dentro del rango de desinformación usual a lo que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación, pero cuando se termina el reportaje vinculando los bombazos ocurridos en la ciudad de Santiago con el accionar de estos “paramilitares mapuche”, que hasta donde sabemos, aún usan la onda como medio de defensa y no se sabe de víctimas fatales que se les pueda atribuir, pienso que deliberadamente se pretende desatar un clima colectivo de temor justificado de que la acción terrorista mapuche aliada a grupos urbanos puede llegar hasta su propia casa. Y esto ya es un exceso.
Si además agregamos los oportunos aportes que hace en la misma dirección algún senador persecutor, o las ediciones reiteradas del programa Contacto invitando a la intranquilidad nacional, creo que nos encontramos ante límites que nos llaman a reflexionar acerca de lo que pueden desencadenar estas concertaciones policiales, fiscales y mediáticas, que terminan con la criminalización de todo un pueblo, con el aumento de la discriminación y la reacción desmedida en contra de sus integrantes, así como con la generación de un clima de violencia, odiosidad y temor colectivo. Hoy le toca al pueblo mapuche, mañana podrán ser a los estudiantes o a los trabajadores.
Curiosamente, la Ley Antiterrorista, aquella ley que se invoca constantemente en los juicios a mapuche, dice en su artículo 1°: que será calificado de terrorista, “el delito que se cometa con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma
especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas”…y cuando dice que “se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos…… u otros que pudieren ocasionar grandes estragos.
A riesgo de que el Sr. Fiscal Ljubetic se enoje conmigo, y me acuse de operador de las FARC, por haber estado alguna vez en el pueblo fronterizo de Cúcuta en Colombia, yo me pregunto ¿Cuáles son las pruebas para hacer estas acusaciones, y si las hay, porque no esperar la sentencia de los tribunales? ¿Cuál es el interés por convertir anticipadamente este caso en un juicio público?
Las opiniones vertidas últimamente, por funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Fiscales Públicos a través de los medios de comunicación, anticipando juicios y detalles de procesos en pleno desarrollo, entorpecen la labor de los Tribunales de Justicia, única instancia calificada por nuestra legislación para sentenciar. Si prejuzgar públicamente constituye una arbitrariedad que atenta contra el derecho al debido proceso que tiene toda persona, así como a ser considerada inocente hasta que se pruebe lo contrario, mas irregular resultará que las opiniones vertidas ni siquiera muestran la opinión de la contraparte, representada por los propios aludidos o por los profesionales que tienen a su cargo su defensa.
Con esta serie de irregularidades, amparadas por la maquinaria del Estado, se preparan las condiciones para llevar a cabo una nueva Pacificación en la Araucanía, esta vez aplicando el “Estado de Derecho” y la Ley Antiterrorista como arma legal. Viene al caso recordar que esta Ley, creada durante la dictadura para validar todo tipo de arbitrariedades contra las personas, ocupa hoy un lugar relevante en la agenda legislativa del gobierno, que prepara una serie de modificaciones a su articulado y que será presentada próximamente al Parlamento para su aprobación. La mala noticia es, que estas modificaciones contemplan el endurecimiento de sanciones y la ampliación de las facultades para investigar al Ministerio Público, anulando garantías constitucionales obtenidas por la sociedad chilena hace ya mucho tiempo.
30 de Junio 2011
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